Victoria Tolosa Paz revocó planes Potenciar Trabajo asignados a provincias y municipios que cobraban beneficiarios “fantasmas”

El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones,ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales. Ante una pregunta puntual de Infobae, se reconoció en el Gobierno que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $ 44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.

Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podría construir por ejemplo, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.

El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.

De la documentación oficial a la que accedió  se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.

Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.

La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.

El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo (525); y Chaco, al frente del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, el distrito conducido por Oscar Herrera Ahuad con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, la provincia comandada por Alicia Kirchner, las bajas fueron 392.

En San Juan, a cargo de Sergio Uñac, las bajas fueron 229. La provincia de Ríos Negro, conducida por la docente Arabela Marisa Carreras es la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su identidad.

El resto, tal como se aprecia en la infografía elaborada por este medio en base a documentación judicial, están por debajo de esa cifra. Son las provincias de Salta, que administrada por Gustavo Sáenz, tuvo 190 bajas “fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue CABA, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, con167 bajas; en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti, Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, la provincia comandada por Gustavo Bordet, las bajas fueron de 148; Santiago del Estero, al frente de Gerardo Zamora, fueron dados de baja 138 beneficiarios; otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 en Catamarca.

Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los 100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79); Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego (14).

Se consultó a varios gobernadores sobre las razones de estas bajas. La mayoría no respondió. Otros sí lo hicieron. Desde el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, confirmaron la información aportada por Tolosa Paz a la Justicia. En un extenso informe se asegura: “En la nómina mensual del mes de Mayo remitida mensualmente a esta Unidad de Gestión por parte de Ministerio de Desarrollo Social, se comprobó el impacto de las suspensiones que representan el 6% del total del padrón, como resultado de la validación, algunos de cuales reportan haber realizado la actualización fuera de termino que quedaría sujeta evaluación”.

Los funcionarios de Larroque consideraron “importante señalar algunas de las dificultades verificadas en el procedimiento de validación de datos”, como “la falta de accesibilidad a conectividad digital; dificultad en el manejo de la aplicación MI ARGENTINA e incompatibilidad de horarios con los puntos digitales establecidos por parte del Ministerio”, a cargo de Tolosa Paz.

Sobre ese punto, la ministra de Alberto Fernández afirmó que desplegó a lo largo de la provincia “operativos móviles para titulares del programa Potenciar Trabajo para facilitar la validación de identidad”. Y anunció: “Estamos trabajando junto con los estados municipales para seguir estando cerca de los y las titulares del Potenciar Trabajo, ayudando a completar los datos biométricos para validar su identidad, y que nadie tenga dudas de que la persona que forma parte del programa es la que está inscripta”.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, se mostraron sorprendidos por figurar en el listado judicial que la ex diputada nacional aportó a la Justicia Federal. “Nosotros no tenemos ejecución directa de ese programa”, le dijeron a Infobae desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore. Con recelo, y esperando que el expediente avance, desde la cartera porteña dijeron: “Estos planes, como el Potenciar Trabajo, pueden ser ejecutados por Unidades de Gobierno o a través de las organizaciones sociales”. Y afirmaron que “en CABA, el Gobierno de la Ciudad Autónoma no tiene ejecución con lo cual asumimos que hay que investigar a las organizaciones sociales con asiento en la Ciudad, que por lo general son oficialistas”.

El ranking de los municipios

La validación de identidad obligatoria del Potenciar Trabajo también derivó en una multiplicidad de bajas en las Unidades de Gestión que están a cargo de las municipalidades. En 154 intendencias, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y de extracción peronistas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio de baja por presuntas irregularidades a 7.062 personas. De haber seguido cobrando el plan, el Estado debería seguir erogando de forma mensual $298.411.872, dinero que, si así lo disponen las autoridades, se podría invertir en herramientas, maquinarias y emprendimientos socio-productivos.

En el mapa que ilustra esta nota se nombran a cada una de esas alcaldías y a qué provincias corresponden. De todos modos, hay que destacar que el partido bonaerense de La Matanza encabeza el ranking de “beneficiarios fantasma” con 887 personas que no validaron su identidad.

El distrito está gobernado por uno de los hombres fuertes del justicialismo provincial, Fernando Espinoza. Desde la cartera social de ese distrito, primero reconocieron los datos consignados en el expediente judicial y después desarrollaron: “Siendo el municipio de mayor tamaño y población siempre encabezamos todas las estadísticas. Medidos en casos pueden ser muchos, pero si observamos que La Matanza, demográficamente hablando, es la Quinta Provincia del país, tener el 1% de los planes que se bajan por no poder ubicar a sus beneficiarios no es una cantidad relevante en porcentaje, sobre todo teniendo en cuenta que muchos planes fueron asignados por default a los municipios al no poder el gobierno nacional identificar sus unidades de gestión que habían generado su alta durante el gobierno anterior, en el cual hubo un enorme crecimiento de los planes sociales en el nivel nacional entre 2016 y 2019, los que comenzaron a ser revisados por el nuevo gobierno, proceso que debió interrumpirse por la pandemia”.

A La Matanza le siguen otros nueve distritos de signo político oficialista: Almirante Brown (379); Lomas de Zamora (352); Quilmes (329); José C. Paz (304); Moreno (248); Avellaneda (229); General San Martín (210); Florencio Varela (204); Esteban Echeverría (190). Recién después aparece General Pueyrredón, administrado por el ex juez y funcionario de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro (183). A este último, cuya cabecera es Mar del Plata, le siguen otras cinco alcaldías peronistas: Escobar (170); Hurlingham (152); Ezeiza (144); Berazategui (127) y Pilar (127). Recién después de estos 16 municipios bonaerenses figura en la lista con 124 bajas en el programa Potenciar Trabajo la Municipalidad de Córdoba.

A Córdoba le sigue otra intendencia, gobernada por Juntos por el Cambio, La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, administrada por Julio Garro. En esa localidad, Desarrollo Social le dio de baja por presuntas irregularidades a 121 personas.

Este medio habló con Óscar Negrelli, el secretario de Coordinación de esa intendencia y, como en CABA, también negaron tener Unidades de Gestión para que beneficiarios del Potenciar Trabajo desarrollen sus 20 horas semanales de tareas. El funcionario de Garro lo explicó así: “Hoy en día el Municipio de La Plata no es unidad ejecutora para que beneficiarios de planes y programas sociales trabajen prestando tareas”. Y enfatizaron: “En La Plata nos informaron que había más de 1.000 personas que habían buscado trabajar en relación de dependencia con el Municipio, no obstante, cuando se inició la gestión para que puedan esos trabajadores venir a prestar tareas en la Municipalidad durante la gestión del ex ministro Juan Zabaleta (el antecesor de Tolosa Paz), el trámite jamás prosperó y, tras el cambio de autoridades, no volvimos a ser contactados para poder ser designados como unidad ejecutora de esos programas”.

Para Negrelli, “debería analizarse si ese número que figura -por las 121 bajas- representa el total de quienes hicieron opción por trabajar bajo dependencia de la Municipalidad y por eso no se concretó”. Una tarea que también debería realizar la Justicia porque, según fuentes ministeriales, hasta ahora esas personas venían cobrando a través de la tarjeta del Potenciar Trabajo y su tarea era validada, o al menos eso debería haber ocurrido.

Al resto de los distritos bonaerenses que completan casi los 124 que componen el territorio de Buenos Aires, se le suman localidades de provincias como Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y, San Luis.

Entre los partidos de la Provincia opositores con bajas en el potenciar trabajo figura Lanús con con 86 casos. Diego Kravetz, intendente interino de esa localidad ubicada en la Zona Sur del conurbano, al ser consultado por Infobae aseguró:“Nosotros tenemos Potenciar en espacio público, en educación y en desarrollo social. Los que no vienen a cumplir tareas no los certificamos”.

Esta es la primera de una serie de notas de investigación de este medio ancladas en documentación oficial incontrastable. Las planillas fueron procesadas con la colaboración de Daniela Czibener de la Unidad de Datos de Infobae.

La causa judicial que investiga el juez Lijo y el fiscal Rívolo se inició por una denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuan catalizada en base a una publicación de este medio que revelaba que un informe de la AFIP -solicitado por el ex ministro Zabaleta- habría detectado incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes habían comprado dólares.

Durante su investigación preliminar, Marijuan le tomó declaración testimonial a varios funcionarios nacionales, entre ellos, a Carlos Castagneto, el titular de la AFIP. Fue él quien confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social tiene la potestad de dar de baja a los beneficiarios que no cumplen con los requisitos del plan. Por esa razón, solicitó investigar a la ex diputada y a Emilio Pérsico, quien está a cargo del Potenciar Trabajo. En orden cronológico, esa cartera estuvo a cargo de Daniel Arroyo -el fundador del plan-; Juan “Juanchi” Zavaleta; y Victoria Tolosa Paz, quien asumió el 13 de octubre de 2020 y aportó los datos a requerimiento del magistrado.