Diálogo entre el Gobierno de Salta y Tarija por el cobro de salud a extranjeros
El vicegobernador Antonio Marocco recibió al alcalde de la ciudad boliviana, Johnny Torres Terzo, para conversar sobre la medida implementada por el Gobierno Provincial.
El vicegobernador Antonio Marocco recibió en el Centro Cívico Grand Bourg al alcalde de la ciudad boliviana de Tarija, Johnny Torres Terzo, con quien dialogó sobre la medida establecida por el Gobierno destinada a arancelar la atención sanitaria a extranjeros en el sistema de Salud público provincial.
El encuentro entre el vicegobernador y el alcalde fue planteado como un inicio de conversaciones tendientes a brindar un marco de previsibilidad al cobro de atención sanitaria a extranjeros, conservando la buena relación entre el Gobierno de Salta y la vecina región boliviana.
En ese sentido, el alcalde de Tarija destacó la buena relación que existe entre su ciudad con el Gobierno de Salta y presentó sus saludos al gobernador Gustavo Sáenz a través del vicegobernador.
“Como alcalde entiendo completamente los problemas de coparticipación que hoy tiene el Gobierno de Salta, y por supuesto que debe privilegiar a sus ciudadanos y a su gente”, reconoció Torres Terzo. Y continuó: “Lo que vengo a proponer es un acuerdo donde todos ganemos, que la atención tenga un costo de acuerdo a una negociación donde encontremos la forma de privilegiar la salud. Es un proceso que vamos a ir conversando”.
En representación del Ministerio de Salud Pública participó de la reunión el subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso. Luego de la misma, el funcionario detalló que la idea propuesta por el alcalde tarijeño, que será analizada por las autoridades de la cartera sanitaria, consiste en elaborar un convenio a través del cual sea la Alcaldía quien efectúe el pago de la atención sanitaria de ciudadanos tarijeños.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 129/24, que adquirió fuerza de ley en última sesión del Senado, dispone que la atención sanitaria a los extranjeros en caso de urgencia o emergencia no será negada ni restringida, aunque posteriormente el Estado provincial arbitrará los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados por la atención.
