La oposición le advirtió al Gobierno que no facilitará el debate de ninguna ley hasta que cese la embestida contra la Corte Suprema

La decisión de Alberto Fernández de iniciar el proceso de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema -anunciada el 1 de enero- aceleró la campaña electoral 2023 y ahora está en juego la realización de sesiones extraordinarias tras la advertencia de Juntos por el Cambio al Gobierno: el principal espacio opositor no facilitará el tratamiento de ningún proyecto de ley hasta tanto no concluya esta nueva embestida del kirchnerismo contra la Justicia.

A la espera que el Presidente defina el temario y firme el Decreto convocando a sesiones extraordinarias para la semana próxima, la oposición fijó su posición y no acompañará ninguna iniciativa que promueva el oficialismo. Considerando que es muy poco probable que el Frente de Todos tenga los votos necesarios para avanzar con el juicio político en el recinto, también es poco probable que lo que anuncie el Gobierno para debatir en extraordinarias llegue alguna vez a debatirse.

Además del proyecto contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, Alberto Fernández pretende incluir en el temario la nueva moratoria para jubilados, que encabeza la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y que beneficiará a 800 mil personas; y el proyecto de blanqueo de capitales que enviará el ministro de Economía, Sergio Massa, para reforzar la recaudación. Todo puede caerse si oficialismo y oposición no llegan a un consenso -cargado de tensión pero consenso al fin-.

Este fin de semana el senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, planteó que “hasta que el Juicio Político contra la Corte no salga de la escena, nada se puede debatir con el Gobierno”.

Más allá de la postura que marcó el legislador radical, los diputados de JxC continúan afinando la estrategia a seguir en la Cámara Baja. El domingo los presidentes de los bloques que conforman el espacio opositor se reunieron y decidieron que asistirán a la Comisión de Juicio Político una vez que sea citada con el objetivo de hacer caer el pedido encabezado por el Poder Ejecutivo.

Una vez que el proyecto de ley ingrese a Diputados y sea girado a la comisión, sus integrantes tienen que votar la admisibilidad del tratamiento. En principio, el FdT tendría el camino allanado en este primer paso ya que cuenta con 16 de los 31 votos, siempre y cuando ninguno se de vuelta a último momento. El oficialismo no tiene margen y la oposición apunta a lograr un voto negativo de los diputados que integran el Frente de Todos.

Superado este punto, el tratamiento en comisión duraría 60 días y se impondría el dictamen para que el proyecto de ley sea tratado en el recinto. Allí la iniciativa requiere del respaldo de dos tercios de los diputados presentes. Acá es donde la embestida del Gobierno comienza a perder fuerza ya que con los 118 legisladores del Frente de Todos no le alcanza para aprobar la iniciativa y que pase al Senado: en un escenario en el que estén todos los integrantes del cuerpo presentes necesita sumar 59 diputados más.

La oposición adelantó que no dará quórum, no facilitará nada. Si el Gobierno insiste con el Juicio Político al Máximo Tribunal, el Congreso estará paralizado lo que resta del verano. Si Juntos por el Cambio no baja al recinto y el oficialismo llega a los 129 diputados para dar comienzo a la sesión, necesitará solo de 86 votos para avanzar en este punto. En este escenario, el bloque opositor estaría obligado a participar de la sesión para modificar la votación.

La postura de JxC abrió el debate en Casa Rosada y el interrogante sobre si mandar el temario de proyectos de ley ahora o una vez que comience el período de sesiones ordinarias. Hay quienes en el Gobierno sostienen que deberían enviarse las iniciativas vinculadas a la economía para comenzar aunque sea su tratamiento en comisión. Pero si la oposición no asistirá al debate, ¿tiene sentido?. Son las preguntas que por estas horas circulan en el Frente de Todos.

Juntos por el Cambio ya avisó que no facilitará ningún tratamiento legislativo hasta que no cese el Juicio Político contra la Corte.