Se prorrogará por dos años más la emergencia por violencia de género en Salta
La primera declaración de la preocupante situación se realizó en el 2014 y este año las cámaras de la Legislatura sancionarán la extensión hasta 2024.
La Cámara de Diputados trató ayer sobre tablas y otorgó media sanción a la ley que dispone una nueva prórroga por dos años de la emergencia social por violencia de género en la provincia de Salta.
La iniciativa amplía hasta el 2024 la vigencia de la Ley 7.857 con la que se declaró ocho años la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio de la provincia de Salta.
La diputada por Anta Betina Navarro recordó que la Ley 7.857 tuvo origen en un decreto y sostuvo que se fueron cumpliendo diversas acciones, como la red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales especializadas en violencia de género, creación de hogares de protección temporal, creación de una fiscalía penal y de juzgados de Violencia Familiar y de Género.
En cuanto a las denuncias que se realizan en esta materia, Navarro dijo que se fueron incrementando y puntualizó que en el último año llegaron a 22 mil, para luego hacer notar que en el período que se transita de este año hubo siete femicidios en esta provincia.
La norma faculta al Gobierno provincial a disponer y a reasignar partidas presupuestarias necesarias para la implemención de medidas que posibiliten hacer frente a la emergencia declarada. Salta es una de las provincias con más casos de violencia de género del país, según las estadísticas de los últimos años.
En agosto pasado, desde el Poder Judicial de la provincia se hizo público que en lo que va de este año ingresaron más de 16 causas por día por violencia de género, solo en el distrito Centro con sede en la capital.
El informe señala que hasta el 31 de julio último ingresaron 3.524 causas por violencia contra mujeres en los juzgados de Violencia Familiar y de Género 1, 2 y 3 del distrito Centro, que incluye aquellos departamentos que no pertenecen a la sede de Cafayate, así como tampoco a los distritos Orán, Tartagal y Sur -Metán y J. V. González.
Las causas por violencia de género representan el 41% de los expedientes que reciben estos juzgados, que además tienen aquellos por violencia familiar (38%) y otros que ingresan como violencia, pero no están tipificados como tales y pasan a archivo o, si son de competencia penal, son derivados a fiscalías especializadas. Estos representan el 21%.
Estas denuncias ingresan por las Oficinas de Violencia Familiar y de Género (OVFG), especializadas en estos temas, y por comisarías.
Durante el debate, la diputada Sofía Sierra planteó que hace ocho años que se viene declarando y prorrogando en esta provincia la emergencia por violencia de género y consideró que entregar un cheque en blanco una vez más no es la solución. La diputada del PRO emitió el único voto en contra al proyecto que pasó al Senado.
Salta debe tener un ministerio de la mujer, con recursos propios, planteó la diputada Nancy Jaime, y remarcó la necesidad de que el Gobierno provincial otorgue un mayor presupuesto para desarrollar políticas públicas.
En su intervención, la diputada Cristina Fiore consideró que falta un plan provincial de acción para determinar qué objetivos se cumplieron y qué falta hacer. “Los números son tremendamente dolorosos”, enfatizó.
