El Gobierno estudia reducir los tiempos de las sucesiones patrimoniales
El Gobierno continúa avanzando en la implementación de aspectos de las ley Bases. Se espera que la semana próxima pueda ser publicada la reglamentación del Régimen de Incentivo para grandes inversiones (RIGI), según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito.
En los detalles de esta reglamentación está trabajando directamente el presidente Javier Milei. Al respecto, en la Casa Rosada se recuerda que el primer mandatario es un especialista en estos temas. El jefe de Estado se ocupaba de las licitaciones cuando trabajaba en Corporación América y tiene “un profundo conocimiento de los incentivos que buscan los empresarios para invertir”.
El RIGI fue una iniciativa del exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, quien tuvo un breve paso por la actual gestión de dos meses tras una disputa dentro del gabinete, de acuerdo con lo señalado en su momento en los pasillos del Gobierno.
En el Ejecutivo, y específicamente en el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, también están elaborando proyectos de ley para “simplificar la vida de los ciudadanos y desburocratizar trámites”.
Así, se estudia acelerar la sucesión patrimonial permitiendo que el trámite se pueda llevar a cabo con la intervención de un escribano y, de esta manera, aliviar a la Justicia. Desde ya que siempre que las partes estén de acuerdo, aclaran en el Gobierno. Las sucesiones controvertidas seguirían por la vía de la Justicia.
El costo quizás no disminuya, pero se agilizarán los tiempos. En la actualidad, un juicio sucesorio puede demorar 6 meses; en caso de aprobarse esta modificación, el trámite ante un escribano llevará 15 minutos. También se trabaja en modernizar, ampliar y optimizar el uso de la firma digital.
Otra de las iniciativas contempla que los depósitos judiciales puedan hacerse en bancos privados (actualmente están circunscriptos a los oficiales).
La intención no es sólo obtener una mejor tasa, argumentan fuentes oficiales, sino también hacer más operativo el cobro de estos depósitos. En este sentido, argumentan que muchas veces la burocracia de las entidades estatales dificulta las operaciones.
Dentro del del sistema financiero se comenta que esta iniciativa, de prosperar, generará reacciones entre los bancos oficiales ya que la eventual pérdida de depósitos judiciales afectaría sus resultados.
