El Gobierno encabezará hoy la criticada mesa de diálogo con comunidades mapuches de la Patagonia
Este jueves tendrá su primer encuentro la mesa de diálogo con referentes de comunidades mapuches de la Patagonia que convocó el Gobierno nacional y se abordará con exclusividad la problemática originada en Villa Mascardi.
El resistido encuentro, que cosechó numerosas críticas desde su anuncio –a mediados de diciembre– será liderado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y contará con representantes de distintas agrupaciones originarias de Río Negro, Neuquén y Chubut.
Los vecinos de Villa Mascardi, que no fueron convocados al encuentro a pesar de ser los principales damnificados del avance mapuche, realizarán una vigilia en las inmediaciones del punto de encuentro para reafirmar su “rechazo” al encuentro, el que consideraron “absurdo”.
El conflicto de Villa Mascardi comenzó en el año 2017 con la usurpación de dos lotes pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales en la villa, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.
En el cumplimiento de una manda judicial para su desalojo fue asesinado Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en un presunto enfrentamiento con integrantes de la fuerza especial Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Luego del crimen, los mapuches retomaron el control del sitio desalojado e iniciaron una escalada de usurpaciones y violencia que se extendió hasta octubre del año pasado, cuando la Justicia Federal ordenó el desalojo de todos los predios ocupados, tanto públicos como privados.
Siete integrantes mujeres de la comunidad fueron detenidas aunque sólo cuatro de ellas permanecen en esa condición, mientras que tres recuperaron la libertad. Otra mujer que integra la comunidad, Jéssica Bonnefoi, y tres hombres, Juan Pablo y Cristian Colhuan y Matías Santana, se dieron a la fuga y permanecen prófugos de la Justicia.
Fuentes de la Justicia criticaron la mesa de diálogo convocada por el gobierno, ya que coincide con el inicio de un proceso para juzgar a los responsables de usurpar el primero de los lotes –perteneciente a Parques Nacionales– y apuntaron que el objetivo gubernamental es lograr la prescripción de la “causa madre”.
De hecho el juicio oral que iba a comenzar a mediados de diciembre fue postergado para febrero. Así lo dispuso el juez federal Hugo Greca, quien resolvió posponer el inicio del juicio oral y público –en el que hay 9 integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu imputados- hasta el 13 de febrero. Incluso, algunos de los acusados son los que permanecen prófugos.
“Es llamativo y repudiable que el gobierno cite a las comunidades mapuches, que siempre rechazaron al Estado Nacional como tal, se negaron a participar de los intentos de diálogo a los que fueron convocados y se jactaron en todo momento de pertenecer a la nación mapuche”, lamentaron los vecinos.
Los pobladores del paraje lamentaron no haber sido convocados a la mesa de este jueves. “Somos los principales afectados, pero el gobierno una vez más elige darnos la espalda y abrirle las puertas a quienes son los responsables de los hechos vandálicos y de los atentados terroristas en Villa Mascardi”, aseguraron.
Fernández, tras anunciar el encuentro de este jueves, dijo que el objetivo era ” garantizar el respeto de las culturas originarias de Argentina y la necesidad de continuar con el diálogo para avanzar en la construcción multicultural”.
“Ustedes cuentan con un gobierno que los recibe con su propia cultura, su identidad, como hermanos que somos”, afirmó el mandatario y los convocó a “dialogar”.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni, participaron de ese cónclave y son quienes presidirán el encuentro de este jueves.
Los mapuches le solicitaron al mandatario la liberación de las mujeres que permanecen detenidas en Bariloche y la disolución del comando unificado de fuerzas que aún permanece apostado en Villa Mascardi.
El antecedente fallido
En mayo de 2020 hubo otro intento fallido de diálogo con las comunidades mapuches, que rechazaron el convite por “desconocer al estado argentino”.
Como respuesta, en ese entonces, continuaron con los ataques a viviendas públicas y privadas en Villa Mascardi. El 21 de ese mes, el cuidador de un predio perteneciente al sindicato Unión del Personal Superior del Gas realizaba reformas en una casilla para instalarse con su familia, luego de obtener autorización de parte de la agrupación sindical, cuando fue atacado por encapuchados. Tras recibir pedradas y amenazas debió huir del sitio y tres horas más tarde la estructura de madera que estaba reparando fue incendiada por miembros de la comunidad mapuche.
Tres meses más tarde, en agosto, los mismos agresores usurparon y destruyeron las cabañas Hueche Ruca, perteneciente al obispado de San Isidro, el cual quedó destruido.
