Dos batallas al Congreso: subsidios a la cultura y Boleta Única 2023

Diputados debate el miércoles por los fondos para cine y teatro. En el Senado, la discusión del sistema electoral viene frenada.

El oficialismo pide revancha después del porrazo que le infligió la oposición con la aprobación de Boleta Única. Lo arrastra este miércoles a discutir la prórroga del fondeo del subsidio de las artes, con carga a las llamadas “afectaciones específicas” de los impuestos nacionales.

El peronismo citó a la sesión especial del miércoles para animar la semana corta con un intento de retaliación para empardar la derrota de BU, la reforma electoral más importante en 110 años y que, por ahora, espera quedar en el corralito de los sueños incumplidos. Por otra parte, el proyecto a discutir prorroga hasta 2072 (según el dictamen de la mayoría) las asignaciones específicas para garantizar la provisión de fondos para las industrias culturales, que vencen en diciembre próximo.

En 2017, como corolario del Consejo Fiscal, el Congreso sancionó la ley 27.432 que le puso esta fecha de tope a fin de año a las asignaciones específicas que financian el Inamu (música), el Incaa (cine), el INT (teatro), la Conabip (bibliotecas populares). La oposición va con un dictamen de minoría que achica la prórroga. De 50 años, la baja a 8, hasta 2030.

El peronismo logra el quórum esta vez, algo que no tuvo con BU. Sumó aliados provinciales y se juega a aumentar el número por sobre los 129, para arrancar. Sabe que en Juntos por el Cambio hay un disidencia interna que separa al PRO de la UCR y la Coalición.

El PRO sostiene, desde la ortodoxia fiscal, que las afectaciones específicas son un vicio técnico que ensucia el sistema impositivo y que deben eliminarse. De hecho, la ley exige que esas asignaciones especiales tengan un período determinado -no pueden ser eternas- y se aprueben con mayoría absoluta.

Radicales y lilistas creen que las artes y la cultura merecen y justifican el sistema, y que deben defenderse. Por principio y por estrategia: no deben aparecer a un año de las elecciones defendiendo una amenaza al funding del cine o las bibliotecas, que han sido la base del sistema cultural argentino.

La oposición busca desde hace semanas alguna fórmula de acuerdo con el oficialismo para que ninguno quede como el sepulturero de la cultura. Pueden llegar a dividir el lapso de prórroga, bajar los 50 a 20, por ejemplo. La oposición suma un argumento: el país no tiene presupuesto aprobado y cualquier prórroga tiene que incluir cláusulas de control y topes a esos gastos.

El Gobierno ahora suma a su dictamen de 2072 a partidos que estuvieron con la oposición en Boleta Única. Esto refuerza la tentación del peronismo de quedarse con el triunfo y dejar a la oposición del lado de los asesinos de la cultura. Tienen, además, que lavar el pecadillo que la ley que se está prorrogando la apoyó en 2017 el peronismo, que era oposición mansa del macrismo, y ahora gobierna.

El oficialismo ha pedido una reunión para el martes a las 10. La oposición entiende que es un gesto de no acordar nada en Diputados y esconder fines partidarios en banderas altruistas. Les queda un solo consuelo: que el senador José Mayans ha mostrado un proyecto de prórroga por 10 años. Quizás un reflejo de la presión de los gobernadores que ven un exceso de creatividad en el Congreso con el uso de dineros que son coparticipables.

Las afectaciones surgen de partidas como las entradas de cine, los fondos que recauda la Ley de medios y el fondo del juego (bibliotecas populares). El PRO, a través de Luciano Laspina, cree, además de la crítica a la disfuncionalidad de un afectación a largo plazo, que compromete de forma permanente actividades que no son eternas.

Hernán Lombardi pone el foco en la necesidad de impedir que se desnaturalice la tarea de la Defensoría del Público, creada por la ley de medios. Ese ente, cree la oposición, se dedica a discriminar y a pagar de los sueldos más alto de la grilla estatal. “El kirchnerismo repite compulsivamente tácticas -dice Lombardi-. Detrás de causas nobles van los intereses espurios. Detrás de bibliotecas o teatros, defensorías innecesarias que se superponen con otros organismos”.

El peronismo, además, tiene que lavar otra mancha. La Argentina tiene dos premios Oscar, uno del gobierno -Luis Puenzo por La historia oficial- y otro de la oposición -Juan José Campanella por El secreto de sus ojos.- La torpeza internista lo volteó a Puenzo, a quien le celaban el cargo desde que asumió en 2020, llevado por Pino Solanas. Mataron su Oscar, al acusar a Puenzo de ser tibio en la defensa de los subsidios. A la oposición le queda Campanella, que seguramente en estas horas desembarca en el debate.

El ex diputado Julio Raffo, constitucionalista y hombre de cine, ha advertido que, si estas prórrogas se caen en diciembre, las asignaciones seguirán existiendo, pero irán a rentas generales. La tesorería sería, en adelante, la que dispondría año a año cuánto dinero se le da al cine, al teatro, a las bibliotecas. Cada vez que eso ocurre, la crisis se devora las rentas, que el sistema actual genera como un porcentaje de la actividad.

Los sindicalistas se han pasado 20 años reclamando por los dineros que deriva el Estado de las cuotas sindicales a un Fondo Solidario de Obras Sociales desde la presidencia de Eduardo Duhalde. Se creó para pagar tratamientos caros e infrecuentes, pero el Gobierno los manda a Rentas Generales. Los distribuye con criterio clientelista.

En este caso, si no se prorroga el actual sistema, lo gobiernos podrán hacer un uso también discrecional del morral de la cultura., con el descuento sobre la entrada de cine, que ha fondeado con éxito la actividad desde hace décadas. El primer sistema de subsidio lo creó Eva Perón y lo continuaron, con avances y retrocesos, todos los gobiernos. La Argentina es uno de los pocos países del mundo con una industria cultural poderosa gracias a ese subsidio.

La oposición buscar ponerse, además, en la posición de aportar a la mayoría especial que requiere este tipo de leyes. Les sobra experiencia. En 1995 vencían las asignaciones especiales para el sistema previsional y el gobierno de Carlos Menem no tenía la mayoría especial en el Congreso para aprobarlas. Eran necesarias para fondear al sistema público perforado por la creación de las AFJP.

El radicalismo esperaba, en ese año, que el Gobierno cumpliese con la manda constitucional de llamar a elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus funcionarios habían dicho que eso se haría en su momento, o sea tarde, mal, y nunca. Jesús Rodríguez -hoy auditor, había participado en la reforma de la Constitución que reglamentó las afectaciones específicas- urdió un acuerdo para condicionar el voto opositor de esa mayoría especial, a cambio de que se llamase a elecciones en la Ciudad en 1996.

Rodolfo Terragno era presidente del Comité Nacional, Fernando de la Rúa senador nacional y Federico Storani jefe del bloque de Diputados. Negociaron con Menem y Carlos Corach, que aceptaron el pacto. Hubo voto radical en la mayoría absoluta para afectaciones específicas, y hubo elección de jefe Gobierno de Ciudad con De la Rúa, y sumó dos elecciones presidenciales.

Ese acuerdo cambió el rumbo de la historia: sepultó el poder del peronismo, que dura hasta hoy, en la CABA. El radicalismo, desde aquella elección que permitió la creación de poder político en el área metropolitana, ganó el Gobierno de la Ciudad en 1996.

La Boleta Única está bajo análisis de oficialistas y opositores para decidir si les conviene o no aplicarla en 2023 para beneficiar sus chances. La novedad de este proyecto que pasó al Senado con 132 votos es que mitiga el enganche que suele producirse en las elecciones nacionales entre las categorías principales -presidentes y vice- y las de senadores y diputados.

Los partidos que se sienten ganadores creen que ese enganche los beneficia. Si se creen perdedores, quizá les convenga desengancharse, para que sus postulantes a categorías inferiores no sean arrastrados por la mala fortuna de sus líderes.

En elecciones nacionales esto depende de la boleta partidaria, que esta reforma ha puesto en cuestión con el cambio más importante que se pudo imaginar desde la sanción de la ley Sáenz Peña. Los dirigentes provinciales tienen ahora el recurso de desdoblar -o no- las fechas de las elecciones locales, para evitar o promover el enganche.

La sanción de Boleta Única en Diputados fue un triunfo notable de una oposición que se siente ganadora. Se lo susurran las encuestas y los gurúes. Toman en serio las profecías tremendistas del Instituto Patria, desde su vocera Cristina hasta los de abajo y la prensa amiga: que el peronismo va en coche al muere porque Alberto Fernández ha gobernado mal, en especial la economía, que muere atada a un cuerno del acuerdo con el FMI.

Puede ocurrir, o no. Pero lo cree el peronismo del AMBA, y se lo compra en serio la oposición. El vaticinio es vicario de prejuicios difíciles de demostrar: que el voto se mueve por el bolsillo, que las urnas son un aplausómetro que premia y castiga, etc. Hay bibliotecas para demostrar esto y también lo contrario.

Otro prejuicio es que el peronismo del AMBA arrastra fatalmente al conjunto de esa fuerza a nivel nacional a la derrota, como le ocurrió con las candidaturas metropolitanas de Cafiero, Duhalde y Scioli, o como pudo ocurrir en 2019 si los gobernadores hubieran habilitado a Cristina a encabezar la fórmula.

Explica mejor las derrotas encadenadas del AMBA que el peronismo fue a elecciones dividido a la mitad, y las perdió tres veces desde 1993 porque dispersó el voto en varias canastas. En lo que va del siglo, el peronismo no recompuso la unidad de los años ’90 y se comió otra serie de derrotas: 1999 con De la Rúa y 2015 con Macri.

En la primera, fue víctima del cisma Menem-Duhalde, a quien abandonaron los gobernadores que desengancharon las fechas de elecciones a categorías inferiores de la nacional -en aquellos años podían decidir la fecha de las elecciones a senadores y diputados nacionales-. En 2015, el peronismo pagó el daño que les hizo esta vez el cisma del massismo.

En el examen que hará el peronismo de la letra fina de la BU figura un capítulo estratégico fundamental. Si creen que van a perder, mejor les conviene ir a la BU y desacoplar las categorías que permiten la caída de la boleta partidaria. La oposición, que todavía está colgado del alambrado festejando la paliza al peronismo por BU, empieza a meditar. Si las encuestas dicen, de manera unánime, que va a ganar la oposición ¿dónde está el negocio de desacoplar las categorías?

Estas reformas, como las que intentó Cambiemos antes de 2019, con el voto electrónico, se han discutido como una confrontación entre civilización y barbarie, lo nuevo contra lo viejo. El mito del cambio, que emponzoña las mejores intenciones en política, y en otras actividades de la vida, identifica a la BU o al voto electrónico con lo nuevo.

El primer efecto es que permite arrinconar al peronismo como defensor de lo viejo, de la papeleta partidaria. El oficialismo de hoy tiene un solo argumento para defenderse de la civilización: que el sistema electoral argentino es uno de los que mejor funciona en el mundo.

Gobierna quien gana las elecciones y las denuncias de fraude nunca han prosperado. Las más vehementes, como las de Elisa Carrió de robo de boletas en 2007, quedaron en denuncias no probadas, aunque fueran verosímiles.

Por lo bajo, señalan que la BU es un producto del “oenegismo” -la presión de las ONG- que busca desplazar a los partidos como cerebro del sistema político. Para los contradictores de la BU, este sistema no es expresión de la Civilización, sino de la Barbarie de politólog@s sin experiencia electoral.

Para su desgracia, el peronismo perdió el año pasado a su apoderado Jorge Landau, que era el gran argumentador contra la BU. El no peronismo recuperó a su experto, el radical Alejandro Tullio, que hoy es defensor de la BU.