Más de 300 familias siguen asentadas en San Calixto

Desde el 20 de mayo, viven a la intemperie en la zona sur de la ciudad. Se inició un proceso de mediación con autoridades de la Provincia.

Casas con paredes y techos de plástico, sostenidas por ramas clavadas en la tierra. Calles-

pasillo de un metro de ancho y esquinas, demarcadas con cintas plásticas y estacas de madera.

Niños y niñas juegan con piedras de distintos tamaños y adolescentes madrugadores toman mate cocido con bollo con caras de recién despiertos sobre una mesa improvisada. Una madre limpia una olla con agua fría que saca de una botella.

La noche fue helada, pero el sol salteño de la mañana les calienta la piel, que hace semanas no recibe una ducha con agua buena.

A pesar del amontonamiento, todo está prolijo y ordenado.

El ambiente es tranquilo. Se nota que las 333 familias, que llevan más de 20 días asentadas en un terreno que ocupa alrededor de una manzana tienen una convivencia amena.

Cuentan que el 20 de mayo último no les quedó otra que mudarse a un lote público del barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad, porque no podían pagar los alquileres de las casas donde vivían y de las cuales muchos fueron desalojados.

A raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus, algunos se quedaron sin trabajo y otros, que conservan la relación de dependencia con empresas o contratos precarios con el Estado, cobran sumas indignas que no les alcanzan para cubrir los gastos mínimos para sobrevivir.

Las familias con más suerte sostienen ingresos de unos 25 mil pesos que los dejan a la mitad del costo de la canasta básica total, que en abril último era de 46.728,12 pesos para dos adultos y dos niños. Esta medición, del índice barrial de precios de Salta elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), no contempla los préstamos que muchas de estas familias les siguen pagando a los bancos.

Todos son trabajadores, muchos de ellos registrados, por lo que no pueden acceder a subsidios como la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar. Como algunos tienen obra social, no pueden acceder a medicamentos gratis.

Estimaron que un alquiler cuesta entre 10 mil y 12 mil pesos y que lo que se consigue por ese dinero no permite llevar una vida más o menos digna: “Es pagar un alquiler o darles de comer a los niños”.

Las familias comenzaron a percibir su situación de vulnerabilidad sobre todo desde 2017, a mitad del mandato de Mauricio Macri como presidente. Meses atrás, la pandemia esfumó sus esperanzas de que con el Gobierno actual, a cargo de Alberto Fernández, el escenario mejorara.

Esperan respuestas

Vecinas de la Toma 2, como llaman a su asentamiento -la Toma 1 está más cerca de Parque La Vega y San Remo-, contaron que están en un proceso de mediación con la Provincia desde hace dos semanas.

Esperan que en 30 días el Instituto Provincia de la Vivienda (IPV) analice los casos de todos los que están allí y determine quiénes son los que nunca accedieron a terrenos.

Les gustaría evitar ir a un sorteo, ya que entonces las probabilidades de acceder a una vivienda disminuirían: hay más de 11 mil familias inscriptas en el organismo con sus carpetas actualizadas.

“Pedimos que (Gustavo) Sáenz se haga presente, que nos dé una solución”, expresó una mujer. Comentó que en las redes sociales el gobernador dijo que van a hacer un loteo, pero advirtió que “no hay nada escrito”. “No se quieren comprometer con nosotros”, lamentó.

Otra aseguró: “No queremos poner piedras en el camino del gobernador. Él no tiene la culpa de la pandemia, pero no queremos que nos abandone por no tener un partido político que nos represente”.

Contó que en la Toma 2 no hay dirigentes políticos ni punteros, por lo que les cuesta más organizarse para reclamar: “Somos familias que ante la necesidad nos vimos obligadas a hacer esta toma porque no tenemos dónde estar”.

“Nosotros no queremos molestar a nadie. Queremos una casa, tener a los chicos bien… Tienen derecho a tener un lugar, una mesa donde sentarse en familia, donde poder estar”, dijo una de ellas, señalando a su hijo que estaba sentado en el suelo.

“Nos tocó estar acá y le tocó a este Gobierno”, expresó frente a la realidad ineludible.

Vida comunitaria

Los vecinos se organizan todos los días para comer y cada uno aporta lo que puede. Una mujer tiene un merendero en el barrio y con ayuda de sus hermanos les brinda la merienda a los chicos.

Desde que están asentados, no recibieron ningún tipo de ayuda del Gobierno de la Ciudad ni de la Provincia, ni siquiera con alimentos. Comentaron que ningún agente estatal se acercó para conocer la situación de las familias.

Las vecinas, que se ocupan de mantener limpio el asentamiento, pidieron a la comuna que pasen a recolectar los residuos que dejan dispuestos en el acceso, donde siempre está la Policía. “El camión no la levanta, capaz para no perder tiempo”, consideró.

Piden un traslado
Las personas que viven en los alrededores del asentamiento pidieron a las autoridades que intervengan para trasladar a las familias a otro lugar. 
“Los vecinos que estamos ahí hace 30 o 40 años estamos aterrados”, expresó una mujer. 
“Es una problemática complicada de seguridad. No podemos salir tranquilos ni de día. La Policía no nos cuida, mientras a ellos los dejan entrar y salir como si nada”, comentó la vecina, quien dijo tener miedo a represalias.

La mujer contó que el terreno que tomaron las familias estaba destinado a ser un espacio institucional o una plaza, pero que siempre estuvo aparentemente abandonado, luego de que el Gobierno de Salta lo expropiara a sus dueños y las tierras se judicializaran.
Comentó que las familias están asentadas en una zona inundable, que está al costado de un canal que suele desbordar con las lluvias de verano.

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